La Ley de la Vivienda en Cataluña, aprobada el 17 de mayo, ha generado controversia y contrastes con otras regiones de España. Pese a la oposición del Partido Popular y las reservas de algunas comunidades gobernadas por el PSOE, Cataluña ha avanzado rápidamente en su implementación. Mientras la mayoría de las demás regiones han mostrado poco interés u oposición activa, Navarra es la única que ha manifestado intenciones de aplicar la ley.

El Parlamento catalán ha creado un mapa con 140 municipios, cubriendo al 80% de la población, donde los precios de los alquileres están sujetos a regulación. Pese a ese progreso, la aplicación de la ley ha sido impugnada. El PP y varias comunidades autónomas han presentado recursos legales. Además, Junts per Catalunya, con el apoyo de ERC y la CUP, ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional, cuestionando las competencias autonómicas en este ámbito. Esto crea una certeza sobre cómo se desarrollarán las políticas de vivienda en Cataluña y otras regiones de España.